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lunes, 19 de junio de 2017

Caso para el viernes

La ley 26.080 modificó a su anterior ley 24.937, en lo referente a la composición del Consejo de la Magistratura. La modificación fue objeto de planteos judiciales en las que se sostuvo que la nueva integración dada al Consejo de la Magistratura no cumple con el "equilibrio" ordenado por el art. 114 CN. Asimismo, porque deja fuera del Consejo a los partidos o bloques parlamentarios en tercer lugar en cantidad de bancas en cada cámara (ver y comparar la integración del Consejo según la ley 24.937 originaria, y según ha quedado luego de la modificación por ley 26.080).

Asimismo el Congreso volvió a modificar el Consejo de la Magistratura por la ley 26.855, también cuestionada judicialmente y declarada inconstitucional por la Corte en el caso "Rizzo" (18/6/13). Luego, en el caso "Monner Sans" rechazó una acción contra la ley 26.080 (6/3/14).

Teniendo en cuenta que la integración de la Corte se ha visto modificada desde el fallo "Monner Sans", un abogado decide iniciar una nueva acción judicial contra la ley 26.080 (con la expectativa que una renovada Corte resuelva contra la constitucionalidad de la ley). 

1. Defienda la legitimación del abogado
2. ¿Es una cuestión justiciable el "equilibrio" del CM?

viernes, 9 de junio de 2017

Caso


Un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es sometido al procedimiento de juicio político previsto en los arts. 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional. La acusación formulada y votada por la Cámara de Diputados sostiene que el magistrado ha sido registrado por la cámara de un teléfono, insultando a jugadores y al árbitro en un estadio de fútbol. Puesto el caso a decidir por el Senado de la Nación, este lo destituye del cargo –previa defensa del acusado- por 38 votos de senadores presentes a favor de la destitución, 1 voto de un senador imposibilitado de concurrir a la sesión pero que manifestó su voto por carta documento enviada al Senado en la fecha de la sesión, y 20 votos en contra de la destitución. A su vez hubo un senador presente que se abstuvo de votar.  

El juez recurre la resolución del Senado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, planteando que no ha mediado en su caso la causal de “mal desempeño” prevista en el art. 53 CN y además que no se han registrado las mayorías exigidas en la Constitución para su remoción, y que se ha violado el Reglamento del Senado. Solicita a la Corte la declaración de inconstitucionalidad e invalidez de la decisión del Senado. 

1. ¿Es la Corte competente para resolver? 
2. ¿Son revisables las cuestiones planteadas por el recurrente?  Ver:

Cap. V “Control...”, Bianchi (ver subcapítulo sobre "juicio político")  
Corte "Binotti, Julio Cesar" (17-5-07) (la Corte remite a la opinión de la Procuración general de la Nación, acá:    http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumento.html?idAnalisis=599033

martes, 6 de junio de 2017

Cronograma + Caso

CRONOGRAMA SEGUNDA PARTE

1) Reforma de la Constitución. Procedimiento y poderes de la Convención Constituyente (casos "Fayt" y "Schifrin")

2) Organización del gobierno nacional. Presidencialismo y parlamentarismo. Control judicial de constitucionalidad: elementos, requisitos, reglas, características. La legitimación. Cuestiones políticas no justiciables.

3) El Congreso. Composición de las Cámaras de Diputados y Senadores. Asignación de las bancas. Cupo femenino.

4) Organización y funcionamiento del Congreso. Las Comisiones. Los Reglamentos. Quórum y mayorías. Procedimiento para formación y sanción de leyes. El juicio político.

5) Funciones del Poder Ejecutivo. La Delegación Legislativa. Los Decretos de Necesidad y Urgencia.

6) Poder Judicial de la Nación. Tribunales federales. Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. 

Caso (viernes)

Un partido político obtiene en las elecciones de renovación de la mitad de la Cámara de Diputados, por aplicación del sistema D´Hont (artículo 161 del Código Electoral Nacional), dos bancas en las elecciones realizadas en la Provincia de Buenos Aires junto al resto de los distritos electorales del país. Resultan electos quienes se encontraban en los 2 primeros lugares de la lista: el Sr. Juan Pérez y la Sra. Ramona González. Luego de realizadas las elecciones y aprobado el escrutinio final, los Sres. Pérez y González juran junto a los demás 128 diputados electos en todo el país en la sesión preparatoria del 10 de diciembre.

Posteriormente, en vísperas de iniciarse el período de sesiones ordinarias, el 28/2 la Sra. González presenta al Presidente de la Cámara su renuncia al cargo de diputada nacional. 

Como consecuencia de ello, se inserta en el orden del día de la sesión del 1/3, la aceptación por parte de todo el cuerpo de la renuncia de la diputada, y la asunción y jura de la persona que continuaba en la lista en el tercer lugar, el Sr. Raúl Fernández, por aplicación del art. 164 del Código Electoral Nacional. 

La Cámara de Diputados vota la aceptación de la renuncia, y luego de un acalorado debate, vota también la asunción del Sr. Raúl Fernández. 

No obstante, un grupo de diputadas mujeres, que votaron en contra, desea iniciar una acción judicial en representación del colectivo de mujeres del país, solicitando que se declare la ilegalidad y la inconstitucionalidad de la decisión de la Cámara, por oponerse a la letra y al espíritu del artículo 60 bis del Código Electoral Nacional y al art. 37 de la Constitución Nacional. Sostienen que debió asumir como diputada quien se encontraba en el 4º lugar de la lista, la Sra. Mirta Suárez, para así cumplir con el cupo femenino establecido.

Redacte los argumentos de la demanda: 1) Justifique la legitimación del grupo, 2) Argumente que es una cuestión justiciable y que la Justicia debe invalidar lo actuado por la Cámara (tenga en cuenta que se trata de una situación que ha ocurrido, vea: Ramona Pucheta, Raúl Castells, Teresita Villavicenio, Luis Sacca)

viernes, 2 de junio de 2017

Caso

Ud. debe fundamentar la apelación al fallo que se adjunta, sosteniendo su legitimación y la defensa de su planteo para que el Congreso adecue la representación en la Cámara de Diputados.
Deberá defender su posición en clase.
¿Puede un tribunal ordenar al Congreso que sancione una ley?
Vea el Cap. V de "Control..." de Bianchi, artículos adjuntos, y http://www.gordillo.com/pdf_unamirada/04saenz.pdf


miércoles, 31 de mayo de 2017

Caso para el Viernes

Caso para el viernes: un profesor de Historia demanda al Estado Nacional a fin de que a través del Archivo General de la Nación se le de adecuada preservación a documentos históricos que se encuentran guardados en condiciones que, a su juicio, los ponen en riesgo. 

¿Tiene legitimación para accionar según la jurisprudencia predominante? ¿encuadra su caso en alguna de las categorías de las señaladas en “Halabi”?

(ve además http://www.gordillo.com/pdf_unamirada/04saenz.pdf)

jueves, 18 de mayo de 2017

Caso

Clase Martes próximo:

1. Lectura de texto adjunto

2. Análisis de fallo "Schiffrin, Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ acción meramente declarativa" (28/3/17, en la página de la CSJN https://sj.csjn.gov.ar/sj/verdoc.do?method=verDocumento)

3. Elabore una respuesta: ¿se encuentra la Convención Constituyente limitada por el Congreso, o es un órgano soberano?

martes, 25 de abril de 2017

Caso n° 5

CASO N° 5

La Provincia de Córdoba, en ejercicio de facultades reservadas conforme con los artículos 5, 41, 121 de la CN y 59 y 66 de su Constitución, ha dictado la Ley 9.164 que regula los productos agroquímicos (ver la ley en la web, donde se define qué se entiende por agroquímico, y se regulan las condiciones de uso). 

Posteriormente, el Consejo Deliberante del Municipio de Mendiolaza sancionó una Ordenanza mediante la cual prohibió la utilización de aquellos productos dentro de la zona rural del municipio, fundando tal decisión en el hecho constatado de que, al aplicarse, una parte del producto se difumina en el aire, contaminándolo, a la vez que su absorción en el suelo afecta las aguas subterráneas, pudiendo alcanzar así a la población, con peligro de diversos daños a la salud. La ordenanza prevé además severas sanciones de multa y/o clausura de establecimientos para el caso de incumplimiento.

Una asociación de ruralistas lo consulta acerca de la validez constitucional de la ordenanza y le solicita un informe argumentado bajo la forma de una decisión judicial

Ud. debe analizar, entre otras cosas: 

1. La competencia provincial en materia de protección ambiental y de la salud; 

2. La competencia del Municipio, indagando acerca de la autonomía general de los municipios y la particular de los de la provincia de Córdoba: a) para establecer la prohibición, b) para fijar sanciones; 3. La posible colisión con alguna materia federal o facultades delegadas a la Nación. 



Ver fallos: "Intendente Municipal" (CS, 11/11/14), "Rivademar" (CSJN, 1989) y textos adjuntos.