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martes, 19 de mayo de 2015

Para el Viernes 22/05

Leer los siguientes fallos:


  1. Fallo Polino (http://todosobrelacorte.com/wp-content/uploads/2015/04/Polino.pdf)
  2. Fallo Nobleza Piccardo (http://www.diariojudicial.com/documentos/2004/DJArchadjunto5128.txt)
Además, deberán analizar la historia de la sanción de la Ley 24.309 y de la reforma constitucional de 1994.
Por último, leer el siguiente texto: Saenz, Juan I. Reforma Constitucional

viernes, 15 de mayo de 2015

Fallos para el Martes 19/5/15

Fallos para el Martes 19/5/15. "Fayt" (CSJN, 1999)

GUIA PARA EL ANÁLISIS DE FALLOS (DEBE ENVIARSE POR MAIL PARA ANTES DE CADA CLASE)


1. Via procesal por la cual llega el caso a la Corte: si es la competencia originaria o la competencia por apelación previstas en el artículo 117 CN (y en este último caso si se trata de un recurso “per saltum” o no). Ver art. 14 de la ley 48, art. 24 del decreto-ley 1285/58 y arts. 256 a 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Indicar en cuáles de esta disposiciones y en qué razones se justifica la competencia de la Corte para decidir, determinando además de qué tribunal proviene la causa en caso de tratarse de competencia por apelación (recurso extraordinario federal)

2. Cómo se justifica en el caso la “legitimación” del accionante, la existencia de “caso, causa o controversia”, y si se trata de un caso concreto o abstracto.


3. Porqué la Corte considera que se trata de una cuestión justiciable y no una cuestión política no justiciable (ver Bianchi, A., Control de Constitucionalidad, cap. V)

4. Fundamentos para la decisión, principios e institutos jurídicos aplicados y método de interpretación jurídica utilizado. (Ver el siguiente texto: Gargarella. Interpretación)

5. Fundamentos de la/s disidencia/s

martes, 21 de abril de 2015

Caso para el Viernes

Un partido político obtiene en las elecciones de renovación de la mitad de la Cámara de Diputados en el mes de Octubre, por aplicación del sistema D´Hont, dos bancas en las elecciones realizadas en la Provincia de Buenos Aires junto al resto de los distritos electorales del país. Resultan electos quienes se encontraban en los 2 primeros lugares de la lista: el Sr. Juan Pérez y la Sra. Ramona González. Luego de realizadas las elecciones y aprobado el escrutinio final en el mes de noviembre, y un mes antes de la jura del 10 de diciembre, la Sra. González renuncia a la asunción en la banca. 

Como consecuencia de ello, el partido solicita al Juzgado Federal de Primera Instancia en materia electoral con sede en la ciudad de La Plata, que declare elegida a la persona que continuaba en la lista en el tercer lugar, el Sr. Raúl Fernández, por aplicación del art. 164 del Código Electoral Nacional, quien así es designado y a quien se le expide el correspondiente título de diputado electo.

El Sr. Fernández presenta su título en la Cámara de Diputados, específicamente en la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento, el 5 de diciembre, a fin de que le sea aceptado y se le tome juramento el día 10/12.

Sin embargo, la Comisión emite un dictamen en el cual aconseja al pleno de la Cámara el rechazo del título de Fernández. Se sostiene allí que el artículo 60 del Código Electoral Nacional y el art. 37 de la Constitución Nacional imponen que sea designada y asuma como diputada quien se encontraba en el 4º lugar de la lista, la Sra. Mirta Suárez, para así cumplir con el cupo femenino establecido.

Ud. es diputado/a nacional y debe votar una solución en la sesión preparatoria a llevarse a cabo el día 9 de diciembre. Pronunciará un discurso en el cual fundamentará la solución que proponga a sus colegas. Ud. debe escribir los fundamentos que respalden su opinión. En especial se debe pronunciar:

1) sobre la facultad de la Cámara para decidir (¿la tiene?)

2) cuántos votos se requerirían para decidir esta cuestión

3) ¿podría eventualmente el Poder Ejecutivo vetar u observar lo decidido por la Cámara?

4) a quién le correspondería ocupar la banca

5) ¿qué mayoría de diputados y senadores se requiere para reformar el art. 60 del CNE?

Ver: CN, Reglamento de la Cámara de Diputados y facultades de la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento (en sitio web de la Cámara). 

Ver: 

sábado, 18 de abril de 2015

viernes, 10 de abril de 2015

Caso n° 4

El Poder Ejecutivo Nacional decide habilitar la apertura de una sala de juegos o "casino" sobre las aguas del Rio de La Plata, en una embarcación amarrada en la zona del puerto de la ciudad de Buenos Aires (aclaración: el mencionado “casino flotante” existe y funciona actualmente en el citado puerto). Fundamenta la decisión en tres argumentos: 1) la jurisdicción exclusiva sobre la navegación, conforme con los arts. 26 y 75 inciso 10 CN, 2) la facultad del Estado Nacional para habilitar y regular el funcionamiento de puertos, conforme con el art. 75 inciso 10 CN, siendo por lo tanto dichos puertos nacionales “establecimientos de utilidad nacional” donde rige exclusivamente la normativa federal, de acuerdo con el art. 75 inciso 30, 3) que el Estado Nacional conserva facultades en materia de juego en la ciudad de Buenos Aires de acuerdo con el 2º párrafo del art. 129 y la ley 24.588.

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decide iniciar una acción judicial contra el Estado Nacional a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la medida por resultar contraria al art. 129 CN. Sostiene que el puerto y el lecho del Río de La Plata pertenecen a su territorio y que por lo tanto son lugares sujetos a su jurisdicción y potestades en ejercicio de su autonomía. 

Ud. debe resolver la cuestión de manera favorable a la Ciudad de Bs. As.

Para ello debe replicar cada uno de los argumentos del Estado Nacional nros. 1), 2) y 3) expresados arriba.

Tenga en cuenta todos los elementos que se indican a continuación como orientación para resolver el caso.


1) ¿A quién pertenece el lecho de los ríos y las aguas? Consúltelo en jurisprudencia de la Corte sobre dominio de ríos interiores y en las disposiciones de la Constitución de la ciudad sobre su territorio.

2) La ley federal que en ejercicio de los arts. 26 y 75 inc. 10 regula la navegación interior. ¿se aplican al caso las disposiciones de la Constitución Nacional y de la ley federal en materia de navegación interior? 

3) La ley federal de puertos 24.093. ¿Es el puerto de Buenos Aires un establecimiento de utilidad nacional? ¿Cuál es su finalidad específica? ¿Con qué intereses federales se relaciona?

4) Las disposiciones de la Constitución local y de la ley de la Legislatura de la CBA Nº 538 en materia de “juego”. ¿Es la regulación del juego una materia local en las Provincias?

5) el artículo 129 de la Constitución Nacional y la ley de garantías del Estado Nacional mencionada en aquel artículo, que es la 24.588 sancionada por el Congreso de la Nación en 1995. ¿Es el juego uno de los “intereses” que el Estado Nacional se ha garantizado por medio de esa ley? ¿Cuáles son ellos? 

Ver textos adjuntos, cap. de Antonio M. Hernández referido a CBA y fallo de la Corte "Vialco" (1980)
Textos adjuntos:

La resolución de este caso debe imprimirse y tenerse a disposición en clase.

Resolución modelo del caso nº 3


  
1.       (Hechos del caso) Que en relación a la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pilar (Provincia de Buenos Aires) que establece la prohibición de las empresas operadoras del servicio de televisión por cable de realizar la instalación del cableado por vía aérea, debiendo hacerlo en forma subterránea, con fundamento en competencias propias en materia de protección del ambiente sano, salud de la población local y diseño urbanístico, y ante la demanda presentada por la empresa CABLEVISION S.A, cabe realizar las siguientes consideraciones sobre su constitucionalidad:
2. (Norma Local. Facultades locales. Facultades del municipio).
Que en primer lugar corresponde destacar que el sistema federal argentino (art. 1º) se sustenta en la preexistencia de las Provincias, y se caracteriza por la delegación que estas han realizado al gobierno federal de las facultades que enuncia la Constitución Nacional, reservándose y conservando todos aquellos poderes no concedidos (arts. 5 y 121), los cual integran su autonomía.
Que, en tal sentido, cabe decir que la norma local cuestionada se fundamenta en el ejercicio de facultadas reservadas e indudablemente propias de la Provincia, y por derivación, del Municipio, vinculadas con la protección de la salud pública, la seguridad, el ambiente y el diseño urbanístico, que constituyen materias no delegadas a la Nación (art. 121 CN). Asimismo, en lo relativo al ambiente, el artículo 41 CN incorporado en 1994 reconoce explícitamente las facultades locales en la materia, sin perjuicio de las del gobierno federal para fijar las bases o presupuestos mínimos de protección. Como demostración del ejercicio de la mencionada competencia local, cabe mencionar que la Provincia de Buenos Aires cuenta con una norma, la ley 11.723, llamada "Ley Integral del Medio Ambiente” y en general los municipios han dictado numerosas normas relativas a la contaminación visual y la estética de sus ciudades.

3.       Que en cuanto a la competencia del Municipio de Pilar para el dictado de la Ordenanza mencionada, cabe decir en primer lugar que el art. 123 de la Constitución Nacional asegura la autonomía municipal, lo cual normalmente implica no sólo la potestad de los municipios de contar con sus poderes e instituciones y regirse por ellas, sino todo lo demás referido a un verdadero “autogobierno”: facultades para establecer recursos tributarios, prestar servicios básicos y en general dictar normas en relación a los intereses más inmediatos de su población: higiene, seguridad, salud, diseño de las ciudades y del medio urbano, etc.
En tal sentido, la Provincia de Buenos Aires ha delegado en sus municipios el poder para dictar normas en las materias que hacen a la organización del espacio local y el planeamiento urbano. En concreto, su  Artículo 192 establece que “Son atribuciones inherentes al régimen municipal, las siguientes: … 4.  Tener a su cargo el ornato y salubridad”.  A su vez, la LEY ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES 6769 de la Provincia dispone en su art. 23 que corresponde a los municipios fijar “limites al dominio para la mejor urbanización”. De modo más específico, la mencionada ley 11.723 de protección del ambiente, confiere poderes a los Municipios para prevención y para aplicar sanciones a la violación del derecho a un medio ambiente sano. Su Artículo 74º establece: “La Provincia asegurará a cada Municipio el poder de policía suficiente para la fiscalización y cumplimiento de las normas ambientales garantizándole la debida asistencia técnica”.  
CONCLUSION I: la Ordenanza de Pilar encuentra sustento en competencias locales y en facultades delegadas por la Provincia, revistiendo legitimidad desde el punto de vista del derecho interno de la Provincia.

4.       (Identificación y planteo del problema o conflicto a resolver) Que sin perjuicio de lo anterior, se advierte que la norma local presenta un posible conflicto con normas de carácter federal derivadas de la facultad exclusiva del Congreso de la Nación (gobierno federal) para “reglar el comercio interjurisdiccional” (conf. art. 75 inc. 13 CN), noción que ha sido precisada por la Corte Suprema en numerosos precedentes.

5.       (Encuadramiento del servicio de Cablevisión en “comercio interjurisdiccional”). Que ello es así pues la obligación que impone la Ordenanza municipal afecta a un servicio que presta la empresa CABLEVISION S.A en más de una jurisdicción (esto es, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires y en otras provincias), de acuerdo con la licencia que oportunamente le otorgara la autoridad federal competente en materia de servicios de comunicación audiovisual, con lo cual encuadra indudablemente en la mencionada noción de “comercio interjurisdiccional”, ya que se trata de una actividad que se extiende a más de una jurisdicción, tal cual ocurre con los medios audiovisuales, la telefonía y el transporte terrestre y aéreo, entre otros muchos ejemplos. De modo que corresponde al Gobierno Federal y no a las Provincias “reglar” los servicios de transmisión de televisión por cable cuando estos se prestan interjurisdiccionalmente, como es en este caso.  
En tal sentido, en Fallos: 154:104, la Corte expresó que "el vocablo comercio usado por la Constitución Americana ha sido interpretado en el sentido de comprender, además del tráfico mercantil y la circulación de efectos visibles y tangibles para todo el territorio de la Nación, la conducción de personas y la transmisión por telégrafo, teléfono u otro medio. El poder para regular el comercio así comprendido es la facultad para prescribir las reglas a las cuales aquél se encuentra sometido y su ejercicio corresponde al Congreso de la Nación de una manera tan completa como podría serlo en un país unitario".
6. Que sobre la base de la potestad otorgada en el art. 75.13 de la CN el Gobierno federal ha ejercido su competencia en la regulación de los servicios de transmisión audiovisual, primero con la ley federal de radiodifusión 22.285 y luego con la actualmente vigente ley federal 26.522 (regulación de servicios de comunicación audiovisual). Se encuentran allí reguladas las siguientes actividades interjurisdiccionales:  “servicios de radiodifusión, las radiocomunicaciones cuyas emisiones sonoras, de televisión o de otro género, estén destinadas a su recepción directa por el público en general, como así también los servicios complementarios”, y se establecen en la norma las condiciones para ser prestador o licenciatario, sus obligaciones, las exigencias en cuanto a contenidos, área de cobertura, protección del menor, publicidad, y las normas técnicas sobre emisión e instalaciones. Por último, se crea la autoridad federal encargada de la aplicación de la legislación (AFSCA, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), con competencia para otorgar las licencias y aplicar las sanciones por incumplimiento de la ley. En dicho marco, la autoridad federal otorgó la licencia a CABLEVISIÓN para la prestación del servicio en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y otras provincias. 
CONCLUSIÓN II: El servicio de transmisión de televisión por cable que presta CABLEVISION es “comercio interjurisdiccional”

7. (¿ Implica la norma municipal una forma de “reglar” un aspecto del servicio interjurisdiccional?) Que la obligación que impone la norma municipal a CABLEVISION invade la competencia federal prevista en el art. 75 inc. 13 CN pues incide en aspectos relevantes de la organización del servicio. Téngase en cuenta que la Corte ha descripto dicha facultad del gobierno federal como “una atribución para establecer las modalidades, condiciones y el control de todo intercambio entre los estados y la transmisión de ideas o cosas por cualquier clase de sistema, desde el correo a caballo hasta la telefonía”  (CSJN en el caso “Transporte Interprovincial Rosarina S.A. c/Buenos Aires, Provincia de s/ sumario”, fallado el 25/9/2001).
En otros casos el Máximo Tribunal Federal ha dicho que la expresión "reglar" del art. 75 inc. 13 de la Constitución Nacional significa “disponer todo lo relativo a la iniciación, funcionamiento y organización de una actividad (Fallos: 188:247; casos: "Marwick", Fallos: 307:360, considerando 8°, año 1985; "Agencia Marítima San Blas S.R.L.", Fallos: 307:374, considerando 12, año 1985).
En el presente caso parece no haber duda de que la obligación impuesta a la empresa de cable incide en las modalidades y la organización de la actividad, por la significación económica de las obras a cuya ejecución se obliga, lo cual repercute indudablemente en su estructura de costos y eventualmente en el precio del servicio.
En un caso similar, la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de una ley provincial que imponía a las empresas de telefonía la obligación de instalar medidores domiciliarios de los pulsos telefónicos, precisamente por considerar “el trastorno a la organización administrativa que ocasionaría la puesta en práctica de la medida”, implicando ello una regulación de la actividad incompatible con la delegación realizada al gobierno federal en el art. 75.13 CN (caso "Telefónica de Argentina S.A. s/ acción de inconstitucionalidad ley 2813" fallado el 28 de abril de 1998).
CONCLUSIÓN III: La norma provincial incide o interfiere en la organización y modalidad de la actividad interjurisdiccional, lo cual implica “reglar” dicha actividad, facultad con que la Provincia no cuenta.
8. (agregados sobre el sentido y finalidad del art. 75.13). Que tal cual destacara Alberdi en sus obras "Elementos de Derechos Público Provincial" y las "Bases", el comercio exterior e interprovincial es "el grande agente de prosperidad de la República Argentina" por lo cual sostenía que "no debe estar, para su arreglo y gobierno, en manos de las autoridades de Provincia, sí en las del gobierno central", de modo que un régimen uniforme asegure la menor cantidad de obstáculos al tráfico comercial y con ello promueva y aliente el comercio y las inversiones ("Obras Completas", Tomo V, Buenos Aires, 1886, pág. 13, párrafos 2° y 3°) Desde esa misma perspectiva había defendido Hamilton el mérito de la Constitución de Filadelfia de 1787, al decir que "la competencia de los estados en materia de comercio sería otra fuente fecunda de contiendas, ...alimentaríanse continuas animosidades que probablemente concluirían en graves perturbaciones de la tranquilidad pública...", así como Madison, quien expresó que "la necesidad de una autoridad de superintendencia sobre el comercio recíproco de los Estados Federados, ha sido demostrada con ejemplos de otros países y del nuestro mismo" (cf. "El Federalista", nros. 7 y 42, págs. 25 y 185, respectivamente, Fondo de Cultura Económica, México, 1943).
    Son elocuentes también las palabras de Joaquín V. González –citadas por la Procuradora Fiscal en Fallos: 316:2865-, quien, en oportunidad de responder a una consulta acerca de las facultades jurisdiccionales nacionales y provinciales en materia ferroviaria, expresó: “sería monstruoso como idea económica y absurdo como régimen de explotación, que una línea que sale de Buenos Aires y recorre cinco provincias, fuese gobernada, inspeccionada, gravada y regida por cada uno de los gobiernos por cuyos territorios atraviesa. Lejos de ser un agente de comercio y prosperidad, lo sería de desorden, de ruina, de pleitos, de divergencias entre provincias, pues cada una procuraría obtener las mayores ventajas para su comercio por las tarifas o los servicios diversos...La ruina del comercio sería la consecuencia inevitable de un estado de cosas semejante (conf. “Transporte Interprovincial Rosarina S.A. c/Buenos Aires, Provincia de s/ sumario”, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 25 de septiembre de 2001).
Solución 1:   9. Que por lo anterior, y sin perjuicio de reconocer los encomiables fines a que apunta la norma municipal, la Ordenanza XX del Municipio de Pilar resulta inconstitucional por oponerse al artículo 75 inciso 13 de la Constitución Nacional, toda vez que constituye una limitación relevante a una actividad de carácter interjurisidiccional, regulación que compete con exclusividad al Congreso de la Nación.
  
Solución 2:
- Que así establecido el marco de la contienda, cabe adelantar que la norma local no interfiere las facultades conferidas a la Nación en el art. 75.13 CN.
- Que así lo creo pues la facultad conferida al Congreso de la Nación en la mencionada cláusula no puede interpretarse con un alcance tal que suprima o aniquile la autonomía de las provincias, y en este caso, de los municipios, pues si así fuera se trataría de una autonomía teórica, ilusoria e hipotética sin ejercicio práctico de aquello que le da sentido: el autogobierno de las poblaciones locales y su autodeterminación relativa al espacio local, su geografía, planeamiento urbano y rural, paisaje urbano, estética urbana, seguridad pública de la población y protección de su salud y del ambiente. 
- Que la Corte tiene dicho que "...de acuerdo con la distribución de competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son originarios e indefinidos (art. 121 ), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y expresos (art. 75 ) (Fallos 304:1186 , entre muchos otros). Dentro de este contexto, cabe entender que las prerrogativas de los municipios derivan de las correspondientes provincias a las que pertenecen (art. 5 y 123)" y, en especial, a la registrada en Fallos 156:323 que, según expresa, "...el régimen municipal que los constituyentes reconocieron como esencial base de la organización política argentina al consagrarlo como requisito de la autonomía provincial (art. 5 CN) consiste en la administración de aquellas materias que conciernen únicamente a los habitantes de un distrito o lugar particular sin que afecte directamente a la Nación en su conjunto... y, por lo tanto, debe estar investido de la capacidad necesaria para fijar normas de buena vecindad, ornato, higiene, vialidad, moralidad, etc. de la comuna y del poder de preceptuar sanciones correccionales para las infracciones de las mismas..." (Fallos 320:619 y 321:1052).
- Que con dicha base argumental, sin lugar a dudas la Municipalidad resulta competente para actuar del modo que lo ha hecho, modificando la reglamentación del sistema para el tendido de cables en una materia propia de su gobierno.
- Que establecido lo anterior, cabe precisar que la norma local no se inmiscuye en las disposiciones vinculadas con la comunicación audiovisual propiamente dicha (normas técnicas de emisión, contenidos, etc.) sino sólo en un aspecto menor de las instalaciones de las prestatarias que está íntimamente ligado a la salud de la población y a la estética urbana, aspecto este sobre el cual el gobierno federal no tiene ninguna atribución conferida entre sus facultades taxativas previstas en la Constitución. En tal sentido, la prestataria no se ve de ningún modo condicionada, impedida o impedida en la emisión de su señal, la transmisión de sus contenidos y la prestación de su servicio de carácter oneroso.
- Que en sentido concordante, en una causa idéntica a la presente, la Corte Suprema, adhiriendo a lo opinado en forma previa por el Procurador General de la Nación, se pronunció a favor de la validez de la ordenanza 49/2001, sancionada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pilar, que estableció la necesidad del cableado subterráneo de las instalaciones para la prestación del servicio de televisión por cable.
Para así decidir, sostuvo que las facultades ejercidas por el Municipio demandado en uso de indudables competencias propias como la de proteger el ambiente sano de acuerdo con la manda constitucional del artículo 41, no se oponía a la regulación del servicio establecida por la anterior ley federal de radiodifusión nº 22285 (sustituida por la ley de regulación de medios de comunicación audiovisual nº 26.522). Asimismo agregó que el ejercicio de dichas facultades locales sobre los servicios encuadrados en el “comercio interjurisdiccional” al que se refiere el artículo 75.13 de la Constitución Nacional no era incompatible con dicha disposición cuando la norma local no interfiere ni perturba de modo decisivo la prestación del servicio ni la competencia exclusiva conferida al gobierno federal sobre ella, lo cual no se verifica en el caso.

- Por lo expuesto, se declara la constitucionalidad de la Ordenanza municipal y se rechaza la demanda de la actora.

martes, 31 de marzo de 2015

Caso 3 (para el Martes 2/9)

El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pilar (Provincia de Buenos Aires) ha sancionado la Ordenanza que se acompaña, promulgada por el Intendente Municipal. 

La empresa CABLEVISION S.A plantea esta situación: el cumplimiento de la ordenanza le haría incurrir en cuantiosas inversiones, por las obras de zanjeo (materiales, mano de obra, alquiler de máquinas, etc.) y la compra de cables especiales para la colocación subterránea que se exige.

Ud. debe resolver dos cosas.

1) Los alcances de los poderes de los Municipios de la Pcia. de Buenos Aires establecidos en la Constitución provincial y en la ley provincial orgánica de municipalidades. ¿Incluyen la facultad ejercida en el caso? (Citar lo que sea pertinente de la constitución provincial y de la ley orgánica de municipalidades)

2) La compatibilidad del ejercicio que el municipio hizo de dicha facultad (expresado en la ordenanza) con la facultad del gobierno federal establecida en el art. 75 incs. 13 CN.

Entre otras cosas, no debe omitir indagar sobre: 

a) El área geográfica que abarca la licencia otorgada a la empresa Cablevisión, a efectos de determinar si se trata de una actividad que encuadra en el art. 75.13 CN..

b) si la norma federal que regula los servicios de cable (dicha norma los llama “TV por suscripción") contempla directa o indirectamente la materia de que trata la ordenanza municipal 

Material de apoyo: Texto "Derecho Federal" y textos que se acompañan. Utilice los fallos que se acompañan. Otros: "Colgate Palmolive" (1/10/2013); “Telefónica de Argentina S.A. s/ acción de inconstitucionalidad ley 2813” (28/4/1998) o cualquier otro en la página de la Corte Suprema (hay muchos vinculados con la cláusula del "comercio interjurisdiccional" -art. 75.13-). Incluya además alguna cita pertinente de Juan Bautista Alberdi.