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viernes, 23 de septiembre de 2016

martes, 20 de septiembre de 2016

CASO N° 4

CASO N° 4

La Provincia de Córdoba, en ejercicio de facultades reservadas conforme con los artículos 5, 41, 121 de la CN y 59 y 66 de su Constitución, ha dictado la Ley 9.164 que regula los productos agroquímicos (ver la ley en la web, donde se define qué se entiende por agroquímico, y se regulan las condiciones de uso). 

Posteriormente, el Consejo Deliberante del Municipio de Mendiolaza sancionó una Ordenanza mediante la cual prohibió la utilización de aquellos productos dentro de la zona rural del municipio, fundando tal decisión en el hecho constatado de que, al aplicarse, una parte del producto se difumina en el aire, contaminándolo, a la vez que su absorción en el suelo afecta las aguas subterráneas, pudiendo alcanzar así a la población, con peligro de diversos daños a la salud. La ordenanza prevé además severas sanciones de multa y/o clausura de establecimientos para el caso de incumplimiento.

Una asociación de ruralistas lo consulta acerca de la validez constitucional de la ordenanza y le solicita un informe argumentado bajo la forma de una decisión judicial

Ud. debe analizar, entre otras cosas: 

1. La competencia provincial en materia de protección ambiental y de la salud; 

2. La competencia del Municipio, indagando acerca de la autonomía general de los municipios y la particular de los de la provincia de Córdoba: a) para establecer la prohibición, b) para fijar sanciones; 3. La posible colisión con alguna materia federal o facultades delegadas a la Nación. 

Al material ya dado, sume "Intendente Municipal" (CS, 11/11/14), "Rivademar" (CSJN, 1989) y texto adjunto. Ver CS, "Barillari"

viernes, 16 de septiembre de 2016

Lecturas para el Martes 20/09

Leer los fallos y textos que se adjuntan, y "CADEGUA S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE JUNIN s/DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA" (buscar en página CSJN). 

4. CABA

  

miércoles, 7 de septiembre de 2016

Caso n° 3

Caso nº 3

El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido por medio de un decreto habilitar la apertura de una sala de juegos o "casino" bajo la explotación de una concesionaria privada sobre las aguas del Rio de La Plata, en una embarcación amarrada en la zona del puerto de la ciudad de Buenos Aires (aclaración: el mencionado “casino flotante” existe y funciona actualmente en el citado puerto).

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decide iniciar una acción judicial contra el Estado Nacional a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la medida. Sostiene que el puerto, el lecho del Río de La Plata y las aguas aledañas al puerto, pertenecen a su territorio, y con ello, son bienes de su “dominio” y “jurisdicción” con base en el art. 129 CN.

Por su parte, agrega que en ejercicio de esa potestad o jurisdicción, la Constitución de la Ciudad y la ley 538 de la Legislatura local prohíben la instalación de salas de juego conocidas como casinos.

Ud. debe resolver la cuestión. Tenga en cuenta todos los elementos que se indican a continuación y las preguntas que se formulan como orientación para resolver el caso.

1) las disposiciones de la Constitución de la ciudad referidas a: a) su territorio, b) al juego. Ver ley 538. La materia “juego” ¿está incluida en las típicas facultades locales? ¿la prevén, por ejemplo, algunas constituciones provinciales?

2) las disposiciones de la Constitución Nacional que se refieren a la jurisdicción en materia de navegación (arts. 26 y 75.10 CN y ley federal 20.094).

3) ¿a quién pertenecen los llamados en la Constitución “ríos interiores”, sus lechos y riberas?, o sea, ¿de quién es el dominio del Rio de la Plata para la Corte? Busque jurisprudencia en el buscador de la Corte Suprema.

4) el artículo 129 de la Constitución Nacional y la ley de garantías del Estado Nacional mencionada en aquel artículo, que es la 24.588 sancionada por el Congreso de la Nación en 1995.

5) de acuerdo con todo lo anterior, ¿a quién correspondería la “jurisdicción” en la materia?

Vea en la página del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires los siguientes casos: "Hipódromo Argentino de Palermo SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Hipódromo Argentino de Palermo SA s/ inf. art. 9.1.1, obstrucción de inspección'", del 11/6/2009 y "Dr. Ricardo Monner Sanz c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad" del 6/10/2006.

También ver: doc adjunto

viernes, 2 de septiembre de 2016

Consignas

1. Identifique el carácter local de la competencia ejercida por el Municipio de Pilar. Vea la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la ley orgánica de municipalidades de la Provincia, en relación a las competencias de los municipios. Vea en igual sentido alguna constitución provincial (identifique las competencias locales que tienen que ver con este caso).

2. Analice el texto "Derecho Federal", ya agregado al blog, y "La cláusula de comercio", de Arballo, que aquí se adjunta. ¿Qué significado y alcance tiene "reglar el comercio interjurisidiccional? ¿Qué ejemplos existen de ello? ¿Con qué finalidad se ha insertado esa cláusula a favor del gobierno federal en las constituciones norteamericana y argentina?

3. ¿Encuadra la actividad comercial de CABLEVISION en el 75.13? ¿Vea la ley federal de servicios de comunicación audiovisual? ¿Está allí incluida? ¿qué tipo de regulaciones contiene esa ley?

4. ¿Cómo se resuelve el conflicto entre una competencia local y una competencia federal que inciden sobre la misma actividad? ¿Como lo resuelve la Corte en el fallo, con qué argumentos? 

5. ¿Qué argumentos podrían sostenerse para fundamentar la solución contraria? Vea otros fallos de la Corte favorables a la competencia federal que surge del 75.13

Adicional: se adjunta texto sobre competencia de los tribunales federales y provinciales:

lunes, 29 de agosto de 2016

Caso n° 2

Caso Nº 2

Ud. deberá redactar una disidencia, al modo de un juez de la Corte Suprema, al fallo "Cablevisión S.A. v. Municipalidad de Pilar" fallado el 4/4/2006. Fundamente una solución contraria a la sostenida por el tribunal
Ver fallo: "Telefónica de Argentina S.A. s/ acción de inconstitucionalidad ley 2813", 28/4/1998 (fallo mayoritario, voto de los Dres. Petracchi y López, y disidencia del Dr. Vázquez)

Tener en cuenta en el texto puesto la semana pasada (Derecho Federal) el punto referido al art. 75.13 CN

Además: vea qué tribunales conocieron antes de llegar el caso a la Corte, y cómo se fundamenta su competencia

martes, 23 de agosto de 2016

Caso n° 1 y textos de ayuda

- Caso Nro. 1: 

La legislatura de la Provincia de Buenos Aires sanciona una ley por la cual establece que los empleadores dueños de empresas de transporte público de pasajeros deberán abonar a sus empleados –choferes- un plus salarial de carácter indemnizatorio por los daños a la salud propios de la labor.

El dueño de una línea de colectivos se opone a la medida y decide iniciar una acción judicial planteando su inconstitucionalidad.

Resuelva el caso. Debe incluir alguna cita correspondiente a las “Bases” de Alberdi, mencionado más abajo, y alguna cita de la Corte Suprema.

A fin de resolver el caso, analice especialmente los fallos "Banco del Suquía S.A. c/ Juan Carlos Tomassini s/ P.V.E. - ejecutivo - apelación recurso directo" (19-3-2002) (ver en buscador de fallos de la página de la Corte Suprema, link de fallos posteriores a 1994 y "Juan Carlos Pravaz" (1974), buscarlo en pág. Corte, "Base de sumarios 1863 hasta la fecha" - completar en "autos" y marcar "todas" en "bases disponibles". 

Texto adjunto: Derecho federal (ver allí remisiones a Alberdi, Juan Bautista, “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina) 

* atención: los textos y fallos anteriores a 1994 se refieren a una numeración de la Constitución distinta a la actualmente vigente. Cuidado. El art. 67 inc.11 es el actual 75.12. 

* Recordar enviar la resolución del caso en el cuerpo del mail y no en documento adjunto

A continuación, vea un caso práctico encomendado en cursos anteriores, y su modelo de resolución, referido a los límites del artículo 5 CN a las autonomías provinciales. Lea el fallo de la Corte allí citado ("N., J. G. s/ infr. art. 15, inc. 4°, LCP s/ incidente de inconstitucionalidad" (CSJN, 5/10/2012)

Una persona fue condenada por el Jefe de la Policía de la Provincia de Tucumán al cumplimiento de la sanción de arresto por 60 días por considerárselo autor responsable de la conducta prevista como infracción en la ley nº 5140 (Contravenciones y Faltas) de la Provincia, que sanciona a quien “pudiendo, no trabajare y se ocupe habitualmente de mendigar”.

Considerando:

1. Que las provincias, en tanto preexistentes a la Nación y autónomas, conservan todos los poderes no delegados expresamente por la Constitución Nacional al gobierno federal (artículo 121 CN);

2. Que en ejercicio de dicha autonomía las provincias dictan sus constituciones y su propia normativa en todas las materias no delegadas a la Nación.

3. Que en ejercicio de los artículos 5 y 121 CN la Provincia de Tucumán ha dictado una norma en materia de contravenciones y faltas (conductas ilegales más leves que las consideradas delito por el Código Penal de la Nación, cuyo dictado está delegado con exclusividad a la Nación –art. 75.12-), lo cual encuadra dentro de sus facultades legítimamente retenidas en el régimen federal de la Constitución Nacional.

4. Que sin perjuicio de su autonomía y del ejercicio de competencias propias en materias no delegadas al gobierno federal, las Provincias se encuentran sujetas a respetar el sistema representativo y republicano, y los principios, declaraciones y garantías establecidos en la Constitución Nacional, conforme lo establece su artículo 5º. 

5. Que la mencionada facultad local para regular las contravenciones y faltas se encuentra entonces sujeta a las reglas del sistema republicano y a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional (art. 5 CN);

6. Que a poco de revisar las disposiciones de la ley de advierte que varias de ellas violan los mencionados estándares. En primer lugar, pues otorga a una autoridad dependiente del Poder Ejecutivo provincial (el Jefe de Policía) la función de juzgar una falta, propia de los tribunales de la Provincia. Ello importa la violación de la garantía contenida en el artículo 18 de la Constitución Nacional relativa a la exigencia de “sentencia” para establecer condenas de cualquier tipo, al disponer que “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”. De ahí nace la necesidad de que cualquier tipo de condena sea establecida por los tribunales competentes.

7. Que el artículo 18 al hacer referencia, como garantía de los ciudadanos, a que toda aplicación de una sanción se encuentre antecedida por un “juicio” o “proceso”, hace claramente referencia a un proceso llevado a cabo ante un juez imparcial e independiente, y en el que se respeten todas las posibilidades de defensa del individuo imputado, todo lo cual se encuentra –de manera manifiesta- ausente en la ley provincial.

8. Que en tal sentido tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que de acuerdo con la garantía mencionada, “son los poderes legislativos los que deben prever las acciones que se declaran como antijurídicas, y los jueces quienes deben interpretarlas y aplicarlas a los casos concretos, reservándose al Poder Ejecutivo la atribución de servir de auxilio de la Justicia para aplicar la fuerza pública y hacer cumplir sus decisiones” (Caso “Mouviel”, 1957, Fallos 269:548).

9. Que por su parte la disposición de la ley que sanciona la acción de “mendigar” y la omisión de “trabajar pudiendo hacerlo” resulta de una ambigüedad tal que se inscribe en la llamada falta de “tipicidad”, precisión y concreción que deben tener las normas sancionatorias, ya sea en el ámbito local o el federal, también por aplicación del artículo 18 CN que prevé la condena de “hechos” y no de situaciones indeterminadas que no constituyen una conducta antijurídica puntual que en los términos del artículo 19 de la Constitución afecte a terceros o al orden público.

10. Que las anteriores consideraciones fueron tratadas de manera similar en el caso "N., J. G. s/ infr. art. 15, inc. 4°, LCP s/ incidente de inconstitucionalidad" (CSJN, 5/10/2012), donde el Alto Tribunal precisamente declaró la inconstitucionalidad de la ley local de la Pcia. de Tucumán 5140, contrastándola con disposiciones de los tratados internacionales con jerarquía constitucional que precisan con mayor detalle las garantías contenidas en el art. 18 de nuestra CN.

10. Como conclusión, se encuentra vulnerado el sistema republicano y las garantías establecidas en los arts. 18 y 19 CN; y con ello, y con ello, el artículo 5º de la Constitución Nacional, por lo cual SE DECLARA: la inconstitucionalidad de la ley 5140 de la Provincia de Tucumán, por ser contraria a los arts. 1, 5, 18 y 19 de la Constitución Nacional.