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viernes, 18 de noviembre de 2016

Caso

CASO PARA EL VIERNES

Un partido político obtiene en las elecciones de renovación de la mitad de la Cámara de Diputados, por aplicación del sistema D´Hont (artículo 161 del Código Electoral Nacional), dos bancas en las elecciones realizadas en la Provincia de Buenos Aires junto al resto de los distritos electorales del país. Resultan electos quienes se encontraban en los 2 primeros lugares de la lista: el Sr. Juan Pérez y la Sra. Ramona González. Luego de realizadas las elecciones y aprobado el escrutinio final, los Sres. Pérez y González juran junto a los demás 128 diputados electos en todo el país en la sesión preparatoria del 10 de diciembre.
Posteriormente, en vísperas de iniciarse el período de sesiones ordinarias, el 28/2 la Sra. González presenta al Presidente de la Cámara su renuncia al cargo de diputada nacional.  
Como consecuencia de ello, se inserta en el orden del día de la sesión del 1/3, la aceptación por parte de todo el cuerpo de la renuncia de la diputada, y la asunción y jura de la persona que continuaba en la lista en el tercer lugar, el Sr. Raúl Fernández, por aplicación del art. 164 del Código Electoral Nacional.  
La Cámara de Diputados vota la aceptación de la renuncia, y luego de un acalorado debate, vota también la asunción del Sr. Raúl Fernández.  
No obstante, un grupo de diputadas mujeres, que votaron en contra, desea iniciar una acción judicial en representación del colectivo de mujeres del país, solicitando que se declare la ilegalidad y la inconstitucionalidad de la decisión de la Cámara, por oponerse a la letra y al espíritu del artículo 60 bis del Código Electoral Nacional y al art. 37 de la Constitución Nacional. Sostienen que debió asumir como diputada quien se encontraba en el 4º lugar de la lista, la Sra. Mirta Suárez, para así cumplir con el cupo femenino establecido.

Redacte la demanda (tenga en cuenta que se trata de una situación que ha ocurrido, vea: Ramona Pucheta, Raúl Castells, Teresita Villavicenio, Luis Sacca)   

viernes, 4 de noviembre de 2016

Caso

CASO

Un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es sometido al procedimiento de juicio político previsto en los arts. 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional. La acusación formulada y votada por la Cámara de Diputados sostiene que el magistrado ha sido registrado por la cámara de un teléfono, insultando a un jugador rival y profiriendo protestas vehementes al árbitro durante un partido de fútbol. Puesto el caso a decidir por el Senado de la Nación, este lo destituye del cargo –previa defensa del acusado- por 40 votos a favor y 20 en contra. 

El juez recurre la resolución del Senado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, planteando que no ha mediado en su caso la causal de “mal desempeño” prevista en el art. 53 CN y además que no se han registrado las mayorías exigidas para su remoción. Solicita a la Corte la declaración de inconstitucionalidad e invalidez de la decisión del Senado. 

1. ¿Es la Corte competente para resolver?

2. ¿Son revisables las cuestiones planteadas por el recurrente? Fundamente su respuesta tanto en un sentido como en el otro (en pos de la revisibilidad y en contra).

Ver:
Cap. V “Control...”, Bianchi.
Fallo “Nobleza Piccardo” (15/12/98), buscar en página de la CSJN. 
Fallo "Bussi Antonio Domingo", 11/10/2001

martes, 25 de octubre de 2016

Caso para el Viernes

Caso para el viernes

La ley 26.080 modificó a su anterior ley 24.937, en lo referente a la composición del Consejo de la Magistratura. La modificación fue objeto de planteos judiciales en las que se sostuvo que la nueva integración dada al Consejo de la Magistratura no cumple con el "equilibrio" ordenado por el art. 114 CN. Asimismo, porque deja fuera del Consejo a los partidos o bloques parlamentarios en tercer lugar en cantidad de bancas en cada cámara (ver y comparar la integración del Consejo según la ley 24.937 originaria, y según ha quedado luego de la modificación por ley 26.080).

Asimismo el Congreso volvió a modificar el Consejo de la Magistratura por la ley 26.855, también cuestionada judicialmente y declarada inconstitucional por la Corte en el caso "Rizzo" (18/6/13). Luego, en el caso "Monner Sans" rechazó una acción contra la ley 26.080 (6/3/14).

Teniendo en cuenta que la integración de la Corte se ha visto modificada desde el fallo "Monner Sans", un abogado decide iniciar una nueva acción judicial contra la ley 26.080 (con la expectativa que una renovada Corte resuelva contra la constitucionalidad de la ley). 

Los apellidos iniciados con "A" hasta "L" deben desarrollar argumentos para negar su legitimación

Desde la "M" hasta la "Z" Ud. debe desarrollar los argumentos para que le sea reconocida la legitimación para impugnar la norma. 

martes, 18 de octubre de 2016

Caso para el Viernes

CASO para el viernes

A raíz de un recrudecimiento de los niveles de delincuencia e inseguridad en todo el país, el Poder Ejecutivo, durante el receso del Congreso de la Nación en el mes de enero, decide por medio del Decreto N° 2/2017 contraer un préstamo internacional de U$ 2.500 millones, a fin de destinarlo al equipamiento de todas las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales –aviones para el control fronterizo, helicópteros, patrulleros, armamento, chalecos antibalas, dispositivos de alto nivel tecnológico, etc.-.

En sus fundamentos, el decreto señala: “El presente se dicta en ejercicio de las competencias otorgadas por los artículos 76 y 99.3 de la Constitución Nacional, y el art. 54 de la ley de presupuesto 2017 N° 28.001 (este última establece: “Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a contraer empréstitos cuando necesidades excepcionales de bienestar general así lo ameriten”).

Ud.es asesor/a de la comisión bicameral prevista en la ley 26.122, y esta le pide una opinión fundada sobre el decreto, debiendo determinar:

1. Si en el caso se han ejercido atribuciones del Congreso y cuáles.
2. Si, considerando el decreto como decreto delegado (primero) y DNU (después), se verifican las condiciones del art. 76 –en la primera hipótesis- y del art. 99.3 –en la segunda-, precisadas por la Corte en su jurisprudencia.
3. Si el decreto puede ejecutarse mediando rechazo de una de las cámaras del Congreso y su opinión respecto del art. 24 de la ley 26.122.
4. Cuál es el plazo que tienen las cámaras para expedirse y si pueden autoconvocarse a sesiones extraordinarias para tratar los dictámenes de la comisión bicameral
5. Qué decisión aconseja a las cámaras

viernes, 7 de octubre de 2016

Lecturas y caso

Leer:
Fallos de la Corte "Binotti, Julio Cesar" (17-5-07).
Análisis de fallos

1. Describa los hechos del caso

2. Fundamente la competencia de la CSJN para decidir el caso conforme con el art. 116 CN y el art. 14 de la ley 48

3. Sintetice los fundamentos para la decisión (la Corte remite a la opinión de la Procuración general de la Nación, acá: http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumento.html?idAnalisis=599033

4. ¿Cómo está regulada en la Constitución la designación de los cargos como el que estaba en juego en el caso? ¿En qué artículo?

5. ¿qué es una comisión parlamentaria? Vea en los Reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados, cuántas comisiones permanentes hay en cada una, y sus funciones. 

6. Vea en youtube la asistencia del Ministro de Energía Aranguren a una reunión conjunta de comisiones de la Cámara de Diputados. ¿Qué comisiones eran? ¿Qué se trataba? haga una síntesis de la intervención que haya podido ver de algún diputado.

7. Vea las distintas mayorías que se prevén en la Constitución y en los reglamentos de las Cámaras para la aprobación de proyectos de ley y otras votaciones

viernes, 23 de septiembre de 2016

martes, 20 de septiembre de 2016

CASO N° 4

CASO N° 4

La Provincia de Córdoba, en ejercicio de facultades reservadas conforme con los artículos 5, 41, 121 de la CN y 59 y 66 de su Constitución, ha dictado la Ley 9.164 que regula los productos agroquímicos (ver la ley en la web, donde se define qué se entiende por agroquímico, y se regulan las condiciones de uso). 

Posteriormente, el Consejo Deliberante del Municipio de Mendiolaza sancionó una Ordenanza mediante la cual prohibió la utilización de aquellos productos dentro de la zona rural del municipio, fundando tal decisión en el hecho constatado de que, al aplicarse, una parte del producto se difumina en el aire, contaminándolo, a la vez que su absorción en el suelo afecta las aguas subterráneas, pudiendo alcanzar así a la población, con peligro de diversos daños a la salud. La ordenanza prevé además severas sanciones de multa y/o clausura de establecimientos para el caso de incumplimiento.

Una asociación de ruralistas lo consulta acerca de la validez constitucional de la ordenanza y le solicita un informe argumentado bajo la forma de una decisión judicial

Ud. debe analizar, entre otras cosas: 

1. La competencia provincial en materia de protección ambiental y de la salud; 

2. La competencia del Municipio, indagando acerca de la autonomía general de los municipios y la particular de los de la provincia de Córdoba: a) para establecer la prohibición, b) para fijar sanciones; 3. La posible colisión con alguna materia federal o facultades delegadas a la Nación. 

Al material ya dado, sume "Intendente Municipal" (CS, 11/11/14), "Rivademar" (CSJN, 1989) y texto adjunto. Ver CS, "Barillari"